Autoridad Universitaria
EL NACIONAL (03/03) Luis Ugalde.- La autoridad es un mal menor o un bien riesgoso. Lo que significa que hay un mal mayor: la falta de autoridad. La mala autoridad es puro poder de dominación a la fuerza; se impone, aunque no tenga razón. La autoridad autentica dice el Diccionario Real Academia es “prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia”. Difícil de lograr y fácil de destruir. La autoridad, sobre todo hoy, no es una sola persona, sino leyes e instituciones, metas, equipos creativos y coordinados. No basta el poder, lo fundamental para la recta autoridad personal es tener auctoritas moral, liderazgo, visión, dotes de conducción y capacidad para promover consensos y una buena gestión para el mejor logro de los fines de la institución.
La primera República de Venezuela de 1810 – como bien lo señaló Bolívar- se perdió en menos de un año por falta de autoridad, diluida en un ejecutivo débil de filósofos-juristas y por una mala gestión e incapacidad de llevar a cabo su cometido. Siglo XIX dominado por la anarquía y la mala autoridad caudillista, que son correlativos. Es lamentable que Venezuela, desde 1830, no tuviera universidad (universidades) vigorosa, exitosa y con peso en la vida nacional y que los presupuestos quemados en guerras, armas y caudillos no se hubieran invertido en la empresa educativa. Otra hubiera sido nuestra historia como país, como fue la de Chile, gracias- entre otras cosas- a la autoridad universitaria y capacidad nacional universitaria y capacidad nacional universitaria orientadora del venezolano Andrés Bello.
El borrador de ley de educación superior de algunos gobiernistas – si fuere aprobado como está- acaba con la autoridad universitaria, diluyéndola en un asambleísmo y reunionismo parlamentario. Mochado ilegalmente por arriba el discutido Consejo Nacional de Universidades (CNU) como órgano colegiado de deliberación y decisión asistido por la Secretaría del CNU y por la oficina de Planificación de la Educación Superior (OPSU), y tomado por el Ejecutivo. Luego vendría un Consejo Nacional de Educación Superior enorme, demasiado heterogéneo (universidades, institutos, colegios universitarios…) inoperante y plenamente subordinado al ministerio.
En cada universidad, los rectores, decanos, directores, serán una inútil decoración, pues es la Asamblea universitaria que la aprueba los presupuestos, los reglamentos universitarios, hace los palees de desarrollo y destituye a las autoridades, cuando lo considere. En la Asamblea no cuenta mucho la calificación específica ni la profesionalidad, sino el número de profesores, egresados, empleados, estudiantes, representantes de las comunidades externas. El rector y los directores serán invitados.
La persona que mas cultiva esta ilusión asambleísta (no le niego su buen deseo anarquista) nunca ha gobernado nada, pero, desde sus lecturas en la cárcel, está empeñado en eliminar toda autoridad que signifique alguna posibilidad real de buena gestión, auctoritas y liderazgo. Él introdujo en el proyecto de ley de educación, el asambleísmo en las escuelas con directores sin autoridad, ni capacidad de gestión efectiva. Afortunadamente prevaleció la sensatez, porque en el Gobierno hay maestros y gente que quiere logros, que son inalcanzables sin directores de escuelas con autoridad y capacidad de animar la participación creativa en equipos de trabajo y dirigir el proyecto del plantel. Seis años de Gobierno bastan para ver que las alcaldías, gobernaciones, ministerios y direcciones no se salvarán con asambleísmo, sino con autoridad firme, trabajo competente y transparente rendición de cuentas.
Piensen en la UCV con 50.000 estudiantes; mas 15.000 trabajadores, entre profesores y empleados; además de egresados y representantes de las comunidades; y pongan a la Asamblea a decidir, brazo en alto, al son de discursos demagógicos, cosas tan complejas como el presupuesto universitario (de 600 mil millones de bolívares), la eliminación de exámenes o el pensum de Ingeniería. Si esta Ley se aprueba, la universidad (la oficial y la privada) se va a pique.
Las universidades deben cambiar; hay prácticas ilegales o muy negativas (en algunas privadas y oficiales) que no se pueden tolerar, pero no hace falta una nueva ley, peor que la presente. El Ministerio de Educación Superior debe exigir, apoyar y hacer seguimiento a las correcciones. Pero esta ley no los corregirá, porque sus buenas intenciones largamente expresadas son ahogadas por los mecanismos de autoridad que propone. La autonomía desaparecerá y la legión de sistemas y de subsistemas prevista aumentará la burocracia, la reunionitis y la ineficiencia en el gobierno de cada institución. En ningún país, ni capitalista, ni socialista el asambleísmo y el parlamentarismo han producido buenas universidades. La Asamblea es buena para alarmar en la emergencia, para expresar inquietudes y angustias, incluso para tumbar gobiernos, pero es pésima para hacer buena gestión y obtener logros de calidad. A no ser que algunos quieran la Asamblea para destruir lo que hay y luego imponer un esquema totalmente autoritario.
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