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Presentada por Oscar Arnal en Sala Constitucional del TSJ

Introducida demanda de violación a la autonomía universitaria

NOTITARDE (30/03) Especial.- Por violar la autonomía universitaria al transferir al Ministerio de Educación Superior funciones propias del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y de la Oficina de Planificación del Sector Educativo (Opsu), el abogado y profesor universitario Oscar E. Arnal, acompañado por grupos de la sociedad civil, demandó ante la Sala Constitucional del TSJ, la inconstitucionalidad del decreto 3.444, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.758, el 27 de Febrero del 2005.

Según Arnal, "la aplicación del decreto le otorga de manera irrita y antidemocrática al ministerio de educación superior la potestad de intervenir el Consejo Nacional de Universidades y analizar, coordinar y evaluar las acciones referidas a la ejecución de las políticas académicas del sector universitario, dándole plenos poderes para tramitar, evaluar y acreditar los proyectos de creación de programas e instituciones de educación superior, así como realizar el seguimiento, la supervisión, la rendición de cuentas, el control presupuestario y del personal docente. Estas funciones propias del CNU se tomaban con la participación de los rectores y representantes profesorales y estudiantiles de las universidades nacionales, experimentales y privadas de todo el país, y ahora de manera unilateral, autocrática y centralista van al ministerio de educación superior, violándose de esta manera el artículo 109 de la Constitución de 1999, subsumiéndose competencias que siempre han estado en manos de las propias universidades".

"El Decreto 3.444 no respeta las normas vigentes, además que agrega duplicidad de funciones y graves ambigüedades en el subsistema de educación superior. Hay funciones que obviamente son de las mismas universidades. De la misma manera, el decreto no fue discutido tal como lo establece la Ley Orgánica de la Administración Pública".

"A través de las inconstitucionales reformas se pretenden ejercer todos los controles que llevan a la creación de universidades con signo ideológico y partidista, así como a los cambios que a nivel de carreras o de otra naturaleza se realicen en las casas de estudios, cuando esto -de acuerdo a la Ley de Universidades- es una materia de competencia exclusiva de las autoridades reunidas en el Consejo Nacional de Universidades (CNU). El chantaje presupuestario que pone en práctica el decreto por intermedio del ministerio de educación superior pone de rodillas a nuestras casas de estudios; sin duda hay la intención es someter de forma autocrática a toda la educación nacional".

 

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