Acudirán ante la Contraloría o "los tribunales de justicia" para apelar la decisión
Rectora de la UC: "suspensión del cargo no se hará efectiva hasta que sea publicada en Gaceta Oficial"
NOTITARDE (10/05) Marja Cicero.- La rectora de la Universidad de Carabobo, profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, afirmó que "la medida de suspensión del cargo por 180 días, sin goce de sueldo no tiene efecto inmediato, puesto que para ello debe ser publicada en Gaceta Oficial", sin embargo expresó que están ante la expectativa de una decisión judicial que los favorezca, a fin de que no se concrete esta acción.
- Espero que no se concrete la suspensión, que todo lo que hemos hablado prospere y que impere la justicia antes de que esto (la sanción) sea publicado en Gaceta Oficial, mientras tanto, todo continúa en absoluta normalidad en la Universidad de Carabobo, manifestó.
En sus declaraciones, Aguilar de Maldonado señaló que "de esta injusta sanción, bajo el amparo de la ley, estaremos recurriendo ante el propio organismo contralor o usando la vía de los tribunales de justicia. Esa decisión estará determinada por el análisis en cuanto al mejor camino a seguir y la mayor celeridad posible, con el propósito de garantizar el respeto de nuestros derechos constitucionales, que se han pretendido vulnerar con esta sorpresiva medida". Indicó que ya fue contratado un bufete de abogados con vasta experiencia en la materia para proceder a la defensa, de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento legal venezolano.
Todo estos señalamientos fueron esgrimidos por la máxima autoridad de esta casa de estudios superiores durante un rueda de prensa, ofrecida en horas del mediodía de este martes desde el patio del rectorado, donde estuvieron presentes el resto de las autoridades universitarias, a saber: la Vicerrectora Académica, profesora Jessy Divo de Romero; el Vicerrector Administrativo, profesor Víctor Reyes Lanza y el Secretario Pedro Villarroel, así como también los decanos de las siete facultades que conforman la UC, los miembros del Consejo Universitario, representantes estudiantiles y gremiales, y un numeroso grupo de personas que hacen vida en esta institución, entre docentes, empleados, obreros y estudiantes.
La profesora María Luisa Aguilar de Maldonado informó que, el pasado viernes 5 de mayo a las 7:00 de la noche, recibió oficialmente la comunicación adicional emitida por la Contraloría General de la República, a través de la cual se le notifica "la suspensión del cargo por 180 días, sin goce de sueldo", situación que es extensiva para la mayoría de las personas que conformaban el Consejo Universitario (CU) en el año 2000.
Tal resolución adicional que forma parte de una triple sanción, junto a la responsabilidad administrativa y la multa por un millón 612 mil bolívares, tiene fecha del 18 de abril de 2006 y ésta es aplicada a: Asdrúbal Romero, José µngel Ferreira, Rolando Smith, María Luisa Aguilar de Maldonado, Juan Macías, Carlos Alvarado Henríquez, María Luisa Martín de Armando, Honoria Ascanio de Franceschi, Ezequiel Gómez, Néstor Sequera, Elizabeth Arcay, Belén Heredia de Girón, Carlos Callegari y Gregorio Riera.
Asimismo, la rectora de la máxima casa de estudios superiores de la entidad carabobeña puntualizó que de las 14 personas involucradas en este hecho, sólo cuatro no han sido formalmente notificadas, como son el profesor Asdrúbal Romero, quien fuera rector de la UC en el año 2000; la profesora Honoria Ascanio de Franceschi, el profesor Carlos Callegari y el profesor Gregorio Riera. Igualmente, manifestó que en la actualidad, además de su persona, sólo tres de las anteriormente mencionadas ejercen cargos administrativos y docentes en la Universidad de Carabobo: el profesor Juan Macías Pavón, actual decano de la Facultad de Ciencias de la Educación (Face); el profesor José µngel Ferreira, quien funge hoy como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces); y la profesora Belén Heredia de Girón, Directora de Relaciones Interinstitucionales.
"INDIVIDUALIDADES INTERNAS DE LA UC HAN PROVOCADO ESTA SITUACION"
Por su parte, la rectora María Luisa Aguilar de Maldonado afirmó que "individualidades internas" de esta casa de estudios son las que han provocado la situación. A pesar de que no quiso ofrecer nombres por carecer de "pruebas exactas", señaló que estas personas "tienen algunas posibilidades de mover ciertos organismos nacionales y pudiera ser que lo hayan logrado".
"Uno no puede dar nombres si no tiene pruebas exactas, se conocen, se han visto, lo han hecho, lo han declarado, lo han dejado ver, lo han comunicado por teléfono, sabían de la decisión aún antes de haber salido de Caracas".
En medio de un ambiente lleno de emotividad, los asistentes a la rueda de prensa realizada ayer en el patio del rectorado manifestaron su apoyo irrestricto a las autoridades y su intención de defender la autonomía universitaria. En varias oportunidades, los presentes interrumpieron las palabras de la máxima autoridad de esta institución de educación superior para aplaudir y vitorear constantemente UC, actividad que fue seguida por las mismas autoridades y los decanos de las siete facultades que constituyen esta casa de estudios.
UC NO PERMITIRA LA INTERVENCION
Ante los rumores que han corrido en los últimos días, donde se afirma que posiblemente entes externos, llámase Ministerio de Educación Superior (MES), Consejo Nacional de Universidades (CNU) o la Oficina de Planificación del Sector Universitario (Opsu), podrían intervenir en la designación de la nueva autoridad que estaría encargada de dirigir el destino de la máxima casa de estudios carabobeña, en caso de concretarse la medida de suspensión, la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado, de forma contundente y en medio de las manifestaciones de apoyo de los presentes, enfatizó: "Eso si no lo va a aceptar la universidad, no lo vamos a permitir".
En sus declaraciones, advirtió que "si en algún momento hubiese la necesidad de aplicar la injusta medida tomada, la Universidad de Carabobo en pleno goce de su autonomía y en observancia a lo establecido en la Ley de Universidades y su reglamento, procederá a resolver esta situación temporal, sin injerencia de ninguna instancia externa, como algunos sueñan; es decir, los organismos de cogobierno universitario decidirán sobre cualquier asunto que sea necesario, puesto que tanto en la doctrina como en la jurisprudencia ha sido determinado con claridad meridiana que los altos funcionarios son electos por un colectivo; en este caso el claustro universitario y las asambleas de facultad respectivas, no pueden ser sustituidos temporalmente sino por la propia comunidad".
La máxima representante de la UC explicó que la propia Ley de Universidades establece que las faltas temporales del rector las debe asumir el Vicerrector Académico, las cuales no debe exceder los 90 días, al menos que se presente una situación de carácter extraordinario. Dicha suspensión podría considerarse, efectivamente, como "extraordinaria".
En caso de concretarse la acción, se debe convocar un Consejo Universitario Extraordinario y en él se establecería la rotación de los cargos, es decir, el Vicerrector Académico, representado actualmente por la profesora Jessy Divo de Romero, asumiría el cargo de rector y su puesto sería ocupado por el Vicerrector Administrativo, en este caso el profesor Víctor Reyes Lanza. De la misma forma, el Secretario de la Universidad de Carabobo, profesor Pedro Villarroel, le correspondería pasar al cargo de Vicerrector Administrativo y, finalmente, el decano con mayor antigüedad, que corresponde a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, asumiría la función de Secretario, siendo en esta oportunidad el profesor Pablo Aure.
LA HISTORIA
En el relato ofrecido en horas del mediodía de este martes, la profesora María Luisa Aguilar de Maldonado destacó la importancia que las comunidades ucista, regional y nacional conozcan realmente lo hechos acontecidos.
Una vez más, recordó que a principios del año 2000, durante la gestión del profesor Asdrúbal Romero, la Universidad de Carabobo recibió una propuesta de la Ford Motors de Venezuela, empresa que estaba vendiendo tres vehículos que habían sido utilizados durante seis meses, con menos de cinco mil kilómetros de recorrido y garantía de un año, cada uno por un monto de trece millones de bolívares en promedio.
El Consejo Universitario, en una primera sesión celebrada el 23 de febrero de ese mismo año, autorizó la compra de los tres vehículos, Ford Taurus, por un monto total de cuarenta y un millones 525 mil bolívares. "Los consejeros en pleno consideramos que una oferta menor o equivalente no podía obtenerse por parte de otros proveedores, pues era imposible mejorar las condiciones de venta ofrecidas por la propia planta ensambladora. Es decir, era una oferta difícil de rechazar, por los bajos costos en relación con la calidad del vehículo, lo que efectivamente representaba un beneficio para la Universidad", expresó.
Finalmente, la adquisición de concreto en el mes de marzo de 2000 y la aprobación de la orden de pago fue autorizada de forma unánime en una segunda discusión del CU.
Posteriormente, en el año 2001, la Contraloría General de la República emite su primer dictamen, "por lo que cada uno de nosotros buscó asesoría y procedió según la recomendación de los abogados a recurrir, en forma sucesiva, ante las instancias correspondientes. No es sino hasta el 28 de julio de 2005 que la Contraloría General de la República decide sancionarnos en dos sentidos: por un lado declara la responsabilidad administrativa de cada uno de nosotros y, por el otro, nos impone una multa por un millón seiscientos doce mil ochocientos bolívares. Esta decisión no fue publicada en Gaceta Oficial hasta el 14 de marzo de 2006, bajo el número 5.803".
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