Consejo Universitario rechaza violencia, dijo la rectora
Ejecutivo Nacional adeuda Bs. 85 millardos a la UC por nuevo régimen de prestaciones
EL CARABOBEÑO (18/10) Yaxmin González.- La Universidad de Carabobo, a través de los gremios de profesores, empleados y obreros, agotará la vía del diálogo ante el Ministerio de Educación Superior y la Oficina de Planificación del Sector Universitario, en aras que se cumpla con la cancelación de una serie de beneficios socio-económicos que les adeudan desde hace varios años, según informó este martes la rectora María Luisa de Maldonado durante una rueda de prensa ofrecida en su despacho.
Comentó que aparte del 8,5% del diferencial del sueldo, el Gobierno nacional le adeuda a la UC la cantidad de 85 mil 306 millones de bolívares por concepto de los cinco días/mes del nuevo Régimen de Prestaciones Sociales desde el año 2001 a 2005, sin embargo, y a pesar del sinnúmero de oficios que se han enviado para reclamar ese dinero, no se ha recibido respuesta alguna.
En busca de una solución -dijo- en una reunión con los gremios se acordó entregarles a cada uno una relación cronológica del reclamo del diferencial del 8,5% y de los cinco días/mes del nuevo régimen. La deuda está cuantificada para los años 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, y no incluye nada de 2006, no está actualizada porque así nos la pidieron y tiene restado allí el abono que nos hicieron del año 2001, así como tiene excluidos a los jubilados de los años 2004, 2005 y 2006, porque ellos ya van a cobrar a finales de este mes.
Indicó que cada agrupación sindical intentará abogar ante el ministro Samuel Moncada y el director de la OPSU, William Suárez, una respuesta satisfactoria en relación a esta problemática.
No obstante, la rectora de la UC dejó en claro que “de no recibir, en un tiempo prudencial, alguna respuesta, lo que está planteado es un llamado a una asamblea de obreros, de empleados y de docentes y estudiantes también, porque ellos están afectados de igual manera, porque los reclamos sobre las insuficiencias tampoco obtienen respuestas, y nos encontramos con que no tenemos recursos para culminar el año en materia de comedor, transporte y el funcionamiento de las facultades”.
En esa asamblea -agregó- se va a decidir lo que se va a hacer, porque este es un problema donde se han enviado cartas, cartas y cartas y nos responden con cartas y cartas y no hay forma de que esto tenga un punto final. No hay excusa para que no se pague algo que está en la Ley Orgánica del Trabajo, que no se puede diferir, que es de obligatorio cumplimiento, porque la ley establece que su cancelación es mensual, y ya vamos para seis años y los trabajadores no tienen su dinero depositado, no pueden hacer uso de los intereses que produce el fideicomiso, y tampoco pueden hacer uso del capital, que perfectamente les pudiera servir para retirar el 75% de este monto si tienen problemas de vivienda, salud y de escolaridad de los hijos.
Consejo Universitario
La rectora informó que en el Consejo Universitario de este lunes se acordó fijar posición pública, a través de un comunicado avalado por los decanos, en rechazo a todos los hechos violentos que ocurrieron en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
Ya el caso -manifestó- lo tiene la Fiscalía, mediante denuncia formulada por el decano Pablo Aure, y continúa el proceso de averiguación con el apoyo de PICSU y de los organismos policiales del estado. Él (Aure) tiene el apoyo de todo el CU para todo lo que está haciendo y por eso el comunicado fue aprobado por unanimidad
- También se acordó que cada decano tiene que presentar un informe al CU extraordinario, a celebrarse dentro de 15 días, sobre las tomas ilegales que cada facultad tenga, los espacios que hayan tomado anárquicamente para vender o para realizar actividades no autorizadas por las facultades, igualmente la universidad como tal presentará su informe sobre los espacios que tiene tomados, y que no son de ninguna facultad en particular sino que son de la Dirección Superior. En ese CU se van a tomar decisiones en relación a esta situación de las tomas anárquicas y el porte de armas que continúa en la UC, recalcó Maldonado.
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